El padre Jorge Iván Rojas, en su calidad de administrador de la Parroquia Sagrado Corazón de Isla de Yáquil, denunció en la Contraloría Regional de O’Higgins que la Municipalidad de Santa Cruz ha dilatado la ejecución del contrato relacionado con la adquisición de equipamiento para la aludida Parroquia.

Mediante un oficio, la Contraloría Regional de O’Higgins se pronuncia sobre las eventuales irregularidades en la ejecución del proyecto “Reposición Templo Sagrado Corazón Isla de Yáquil”, el cual dictaminó que corresponde a la Municipalidad de Santa Cruz iniciar un proceso sumarial tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas involucradas, debiendo remitir al ente contralor, una copia del acto administrativo que así lo instruya en el término de 15 días hábiles contados desde la recepción del oficio que data del 12 de marzo de 2021.

Adicionalmente, la Municipalidad de Santa Cruz deberá adoptar las medidas tendientes a desarrollar los procesos de contratación necesarios a fin de ejecutar de manera íntegra el proyecto de acuerdo con el convenio de transferencia celebrado con el GORE, o de lo contrario, restituir los recursos no ejecutados, de lo cual deberá informar a la Contraloría Regional de O’Higgins, en un plazo de 60 días hábiles.

Cabe señalar que la Municipalidad de Santa Cruz llamó a licitación privada para contratar la “Adquisición de equipos reposición Templo Sagrado Corazón Isla de Yáquil, Santa Cruz”, la cual fue adjudicada a doña Patricia López Romero, por un monto de $10.265.773, ordenándose emitir la orden de compra respectiva, la que fue enviada el 25 de septiembre de 2017. Según las validaciones efectuadas por la Entidad Fiscalizadora, se verificó que la entidad edilicia no firmó el contrato con la adjudicataria y tampoco realizó gestiones administrativas al respecto, según lo informado por el Asesor Jurídico de esa municipalidad, quien además señaló que la adquisición de equipos sería licitada nuevamente.

En efecto, tal inactividad de la administración del Alcalde William Arévalo, contraviene los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación e impulsión de oficio, contenidos en los artículos 3º y 8º de la ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Al respecto, cabe señalar que la Contraloría Regional de O’Higgins, catalogó dicho incumplimiento normativo como una observación compleja.